Futuro de libertad

La extensión a todo el orbe del reconocimiento de la libertad y la dignidad de las personas es el sustrato que nutre la primacía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que conmemoramos su 60 aniversario este año. Como afirmó la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, representa “la conciencia de la humanidad” porque establece los principios y valores rectores de la Comunidad Internacional y conforman la base de una ética universal que mantiene intacta su vigencia.

Su aprobación en París el 10 de diciembre de 1948 supuso un hito histórico y un giro sin precedentes del Derecho Internacional, pues cuando los Derechos Humanos se cuestionan no es recurrente la fórmula de no injerencia en la soberanía de las naciones. Los Derechos Humanos protegen también a las personas frente a las acciones de sus propios Estados. La pauta marcada por la Declaración Universal ha servido para escribir y suscribir armónicamente convenciones y tratados que han concretado y desarrollado muchos de los derechos que ésta esboza y reconoce, como los de la infancia y la mujer, las personas sin Estado o la abolición de la esclavitud.

Desde el Derecho de Gentes de Francisco de Vitoria hasta la revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de Los Derechos Humanos, se ha recorrido un importante trayecto en favor de la dignidad y la seguridad humanas. España se incorporó tardía y activamente al proceso de reconocimiento y expansión de los Derechos Humanos. Desde la ratificación de los Pactos de Nueva York en 1977, nuestro país ha adquirido un papel cada vez más relevante en su protección y promoción. Hemos suscrito la práctica totalidad de los Convenios Internacionales de defensa de los Derechos Humanos, así como sus Protocolos Facultativos. En este período se ha apoyado también la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se han presentado en él muy diversas resoluciones. El Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aumentado significativamente las aportaciones financieras a organismos defensores de los Derechos Humanos y, fundamentalmente, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

España ha contribuido de manera decisiva a la creación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha intensificado los contactos con la sociedad civil para elaborar una política exterior basada en sus principios, al tiempo que participa activamente en los procesos de elaboración de nuevos instrumentos internacionales para su protección. De ahí que se haya ratificado el Protocolo contra la Tortura o se intensifiquen los esfuerzos, junto a Naciones Unidas, por alcanzar una moratoria de la pena de muerte en todo el mundo. La defensa de los Derechos Humanos es un rasgo identitario de la política y la acción exterior de España y una prioridad horizontal de nuestra cooperación al desarrollo, como se puede contrastar en nuestra Presidencia del Consejo de Europa.

Tenemos el firme propósito de seguir reforzando los instrumentos jurídicos e institucionales sobre los Derechos Humanos, porque ellos han propiciado el nacimiento y la maduración de una verdadera ética y conciencia universales que garantizan la dignidad humana. De su empuje y desarrollo en el siglo XXI dependerá la eficacia para afrontar en libertad los retos y desafíos de futuro que tiene planteados la Comunidad Internacional.

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