El deber ético de oposición a la pena de muerte

Considero que la oposición a la pena de muerte es ante todo un deber ético, porque el derecho a la vida está íntimamente ligado a la dignidad de la persona y éste debe ser absolutamente inviolable. Como progresista me siento muy orgulloso de que España impulse en la Comunidad Internacional la erradicación de la pena de muerte, porque es una causa justa, digna y humanitaria. Desde el Gobierno consideramos que la pena máxima es una violación de los Derechos Humanos y su irreversibilidad la convierte en el caso más extremo de trato cruel, inhumano y degradante.

La ejecución de un ser humano nunca es un acto de justicia sino de venganza y por lo tanto un fracaso de la Administración de Justicia. Tampoco es un elemento disuasorio para prevenir el crimen, antes bien, es un castigo cruel que legitima implícitamente el uso de la violencia desde el Estado.

España abolió con carácter general la pena capital en 1978 y, 17 años más tarde, prohibió también el recurso a este castigo en tiempos de guerra. El Gobierno ha dado pasos ante la Comunidad Internacional para crear una Comisión Internacional que vele por la abolición universal de la pena de muerte, mediante dos líneas de acción concretas: la aplicación de una moratoria efectiva de la pena de muerte en 2015 y la construcción del consenso político para que ningún país del mundo la aplique a discapacitados mentales, menores de edad o personas que cometieron delitos en este período de su vida.

España rubricó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte. Afortunadamente, y en sintonía con este Protocolo, el número de países que se suma cada año a su supresión crece a un ritmo constante y hoy somos más de 130 Estados los que de iure o facto la hemos suprimido. Estos progresos se deben en gran medida al impulso pionero y vivaz de la sociedad civil, cuyo activismo ha sido y es imprescindible para sacudir las conciencias de los Estados y para mantener la lucha contra la pena de muerte en la agenda internacional.

Ha llegado el momento de que las voces que piden la erradicación absoluta de la pena de muerte resuenen con más fuerza en la esfera internacional y en Naciones Unidas que es el foro más adecuado para debatir los asuntos de la humanidad. La lucha contra la pena capital no afecta sólo a un grupo de países en función de su régimen político, cultura o religión, sino que es una causa universal, como universales son los Derechos Humanos.

El año pasado 85 Estados proclamamos nuestra oposición a la pena de muerte en una Declaración que finalmente fue firmada por 95 países. Se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que insta a todos los Estados a establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a la completa abolición de la pena de muerte.

España suma su voz al llamamiento a la Comunidad Internacional para que se establezca una moratoria universal sobre las ejecuciones, lo que supondrá un primer paso importantísimo y decisivo en el camino hacia la supresión total de la pena de muerte. No podemos olvidar que en algunos países la pena capital cuenta con el respaldo de sectores de su opinión pública y genera tensiones entre partidarios y detractores. El establecimiento de una moratoria brinda la oportunidad para que evolucionen las mentalidades, al tiempo que permite a los gobiernos comprobar que la suspensión de las ejecuciones no aumenta el número de delitos.

El objetivo inmediato de la moratoria nos sitúa a medio camino de nuestra meta: la abolición universal de la pena de muerte. Este debe ser un objetivo de la Comunidad Internacional en la búsqueda de garantías para la dignidad humana y la aplicación efectiva de los derechos humanos. Sólo así seremos coherentes con la legalidad internacional y estaremos en mejor disposición para afrontar los retos y desafíos del siglo XXI, donde se perfila una sociedad civil global que exige a los mandatarios de Estados y organismos internacionales más dignidad y solidaridad, así como más participación y transparencia.

Tenemos el deber ético de lograr el éxito de esta iniciativa, lo exigen nuestras opiniones públicas y nuestros parlamentos, pero sobre todo, se lo debemos a las miles de personas que esperan, a veces largos años, el momento de su ejecución; porque el castigo no es justicia y la justicia no es venganza.

Publicado en El Público