La identidad de nuestro tiempo se aglutina entorno a la cultura de los derechos humanos sobre la que se ciernen importantes claroscuros en el umbral de este siglo y en el marco del sesenta aniversario de la Declaración Universal. Activistas y líderes de la sociedad civil global e intelectuales, políticos, empresarios, científicos y creadores, consideran que el reconocimiento, respeto, tutela y promoción de los derechos humanos es la utopía del siglo XXI, lo que nos exige un esfuerzo de contextualización y poner foco sobre los avances.
De las cenizas de los horrores y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial nació la Declaración Universal que inaugura una nueva era. Como señaló la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, representa “la conciencia de la humanidad” y, a pesar de su carácter no vinculante, es una referencia universal.
Los derechos humanos constituyen la espina dorsal del Consejo de Europa, organismo que actualmente preside España, y de la Unión Europea. Desde la proclamación universal de los derechos humanos se ha recorrido un importante trayecto en favor de la dignidad y la seguridad humanas. En este ámbito ha sido creciente el compromiso del gobierno y de las administraciones autonómicas y locales. Su defensa es un rasgo de nuestra identidad como sociedad y como país. Es una dimensión de Estado sobre la que existe consenso entre partidos, sociedad civil y ciudadanía, a pesar de las falsas polémicas generadas en las últimas semanas por las rivalidades partidarias y las crisis informativas que arrastran.
España colabora para que los derechos humanos sean el sustrato de múltiples enfoques sobre los desafíos del mundo y sus posibles soluciones. La Alianza de Civilizaciones es en sí misma un instrumento orientado a la promoción de los derechos humanos y la convivencia intercultural.
Nuestro país se incorporó tardíamente al proceso de expansión de los derechos humanos y en 1977 ratificó los Pactos de Nueva York. Sus derechos y libertades constituyen uno de los pilares más importantes de nuestra transición democrática. La Declaración se menciona en el artículo 10.2 de la Constitución española, como punto de referencia para la interpretación de cualquier norma relativa a derechos fundamentales.
Sobre este pilar la España democrática ha levantado un espacio de referencia en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel nacional, con el futuro Plan Nacional de Derechos Humanos, como en la esfera internacional. Hemos suscrito la práctica totalidad de los convenios y convenciones internacionales de defensa de los derechos humanos, así como sus protocolos, al tiempo que se ha apoyado activamente la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Gobierno socialista ha aumentado significativamente las contribuciones financieras a organismos defensores de los derechos humanos y, fundamentalmente, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su defensa es una prioridad horizontal de nuestra política exterior y de cooperación internacional. Por ello, se han puesto en marcha programas impulsados por el Gobierno y acciones políticas como el llamamiento al cierre de la prisión de Guantámano, la transparencia en el manejo de los vuelos norteamericanos con destino a esta base, o el impulso del Gobierno español al Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de asistir a los liberados de estas instalaciones y conocer sus condiciones de detención y reclusión.
El Gobierno ha contribuido de manera decisiva a la creación y funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ha reformado la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones del Palacio de las Naciones de Ginebra, que incorpora la cúpula de Miquel Barceló. Se realiza un gran esfuerzo para promover también la igualdad de género a nivel global y, de manera especial en África e Iberoamérica, dentro del ámbito de los derechos humanos.
España ha ratificado el Protocolo contra la Tortura y, por iniciativa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha intensificado el trabajo en Naciones Unidas para lograr una moratoria de la pena de muerte. Coincidimos con amplios sectores la sociedad civil española e internacional en que ésta es una causa justa, digna y humanitaria.
El 60 aniversario de la Declaración Universal es un estímulo para reforzar los instrumentos jurídicos e institucionales de protección y promoción de los derechos humanos, porque ellos han propiciado el nacimiento y la maduración de una verdadera ética y conciencia universales. Sin duda, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la utopía del siglo XXI y nuestro empeño es convertirla en realidad cotidiana y anteponer, como diría José Antonio Carrillo Salcedo, “la dignidad frente a la barbarie”.
Publicado en Diario de Córdoba